El fenómeno de la globalización económica ha traído consigo procesos vinculados a actividades ilícitas tanto nacionales como internacionales, el incremento de este tipo de prácticas se ha vinculado con el Lavado de Dinero que representa en gran medida un riesgo para el sector económico, debilitando la integridad de los mercados financieros, así como perdidas fiscales y la economía en su conjunto.

Es por eso que la normatividad aplicable, instancias y figuras a fines han sido muy rigurosas con los procesos para la detección de Lavado de Dinero solicitando auditorias a fin de identificar que la Entidad cumpla con los controles y procesos necesarios para identificación de operaciones tanto relevantes, como inusuales y preocupantes; siendo estas el punto clave en la identificación de montos, involucrados, transaccionalidad, entre otros rubros.

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¿A quiénes presentan esta información?

Dentro de las instancias comprometidas al análisis de Prevención de Lavado de Dinero, se encuentran la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, Servidores Públicos de la Unidad de Inteligencia Financiera o del Servicio de Administración Tributaria, entre otros.

¿Por qué una auditoria PLD?

Consistirá en la evaluación de los proceso, controles y apego normativo en materia PLD con los que cuente la Entidad Financiera, en apego a los sistemas utilizados se deberá identificar que este cuente con identificación de personas de alto riesgo o que se encuentren identificados en alguna lista PLD, registro de la operacionalidad, criterios o matriz para la generación de alertas, buzón anónimo, seguimiento a las operaciones que se han detectado como peligrosas, etc.

Este informe una vez concluido se presenta ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con el fin de dar a conocer el estatus actual de la entidad en materia de PLD y avalar que no represente un riesgo a la economía.

En conclusión, las Entidades Financieras deberán realizar auditorías de Prevención de Lavado de Dinero de manera anual que les permitan mejorar y/o mantener el buen nivel de cumplimiento de la normatividad vigente, presentándose a la entidad supervisora; contribuyendo así, a una evaluación, medición y mitigación de riesgos completamente segura.

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